La Administración de Donald Trump ha encontrado una nueva vía para presionar a los indocumentados: utilizar a todas las agencias estatales como una herramienta de control migratorio. Un nuevo dictamen del Departamento de Justicia (DOJ) sostiene que las dependencias de cada Estado, no solo las que brindan ayuda financiera a las familias pobres, están obligadas a reportar al Gobierno federal el estatus migratorio de quienes participan en sus programas. Las entidades que no cumplan con esta exigencia, advierte, podrían perder fondos federales destinados a iniciativas esenciales para sus operaciones.
