Estado indio se dispone a introducir una estricta ley anticonversión

Rajasthan ha redactado una legislación para frenar las conversiones religiosas consideradas ilegales, alineándose con varios otros estados gobernados por el BJP que ya han promulgado estrictas leyes anticonversión.  

En una declaración jurada presentada el martes ante la Corte Suprema, el gobierno de Rajasthan reconoció la ausencia de una legislación específica sobre conversiones religiosas en el estado. Sin embargo, señaló que está «en proceso de elaborar su propia legislación» para abordar la cuestión. Hasta que esta ley sea promulgada, el Estado se ha comprometido a «cumplir estrictamente la ley en la materia, los lineamientos o las instrucciones dictadas por este Honorable Tribunal».

Esta medida es una respuesta a un litigio de interés público (PIL) presentado por el abogado Ashwini Kumar Upadhyay en 2022, que pedía medidas estrictas contra las conversiones forzadas, en particular en lo que respecta a supuestas conversiones masivas de personas social y económicamente desfavorecidas en todo el país. Sin embargo, el Tribunal Supremo objetó ciertas declaraciones despectivas sobre las religiones minoritarias hechas por el peticionario en la petición y solicitó su eliminación. El tribunal también reemplazó el nombre del peticionario en el título de la causa por «In Re: La cuestión de la conversión religiosa».

Además de esta petición, el tribunal la ha combinado con otras PIL que impugnan las leyes de conversión religiosa aprobadas por Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Haryana, Gujarat y otros estados. Recientemente, durante la audiencia de un caso diferente, un tribunal de la Corte Suprema señaló que ciertos aspectos de la ley anticonversión de la UP parecían violar el artículo 25 de la Constitución, que garantiza la libertad religiosa.

La decisión de Rajasthan lo alinea con estados como Uttar Pradesh, Gujarat, Madhya Pradesh, Himachal Pradesh y Uttarakhand, que han implementado leyes similares en los últimos años. Estas leyes han enfrentado críticas por infringir las libertades personales y apuntar a comunidades minoritarias, particularmente cristianas. Esto ha reavivado un debate de larga data sobre la necesidad de tales medidas para proteger a las poblaciones vulnerables de conversiones coercitivas o fraudulentas.

La declaración jurada del estado marca un cambio significativo con respecto a la postura del anterior gobierno del Congreso encabezado por Ashok Gehlot, quien había sido un crítico abierto de las leyes anticonversión. Gehlot había argumentado que tales legislaciones «dejarían a los adultos que consienten a merced del poder estatal», enfatizando el potencial de abuso y violación de las libertades personales.

Rajasthan había promulgado una ley anticonversión en 2006 durante el primer mandato del gobierno del ex CM Vasundhara Raje, pero a pesar de haber sido aprobada por la asamblea estatal, no pudo entrar en vigor por falta de consentimiento del gobernador y del presidente. Sin embargo, un conjunto de directrices emitidas por el Tribunal Superior de Rajasthan en diciembre de 2017 permiten el escrutinio y la aprobación previa por parte de la maquinaria estatal de los matrimonios interreligiosos. El Tribunal Superior había  declarado  que hasta que el gobierno estatal promulgara una ley, el tribunal tenía el deber de emitir directrices para «comprobar el problema de la conversión forzosa de religión con el único fin de solemnizar el matrimonio».

Hay al menos diez estados del país donde están vigentes legislaciones similares sobre conversiones ilegales, incluidos Odisha, Madhya Pradesh, Arunachal Pradesh, Gujarat, Himachal Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand, Uttarakhand y Uttar Pradesh. La ley del gobierno de Uttar Pradesh, infamemente conocida como la ley de «amor-jihad», prescribe una pena de cárcel de hasta 10 años y una multa de hasta 50.000 rupias (597 dólares estadounidenses) por conversión bajo matrimonio, fraude, coerción o incitación.  

La controversia en torno a las leyes anticonversión en la India tiene una larga historia, y varios estados principescos promulgaron dichas leyes incluso antes de la independencia para restringir las actividades misioneras. Los ejemplos incluyen la Ley de Conversión del Estado de Raigarh de 1936, la Ley de Libertad de Religión de Patna de 1942, la Ley de Apostasía del Estado de Sarguja de 1945 y la Ley Anticonversión del Estado de Udaipur de 1946. También se promulgaron leyes específicas contra la conversión al cristianismo en estados como Bikaner, Jodhpur, Kalahandi y Kota.

El último intento de una legislación central sobre este tema fue en 1978, cuando el gobierno del Partido Janata presentó el Proyecto de Ley de Libertad Religiosa para toda la India en el Lok Sabha. Sin embargo, el proyecto de ley nunca fue discutido y posteriormente fue abandonado después de la caída del gobierno en julio de 1979.