Obispos bolivianos luchan contra el cierre forzoso de una escuela normal católica y apelan ante un tribunal internacional

La Conferencia Episcopal Católica Boliviana presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado boliviano por el cierre forzoso de una institución educativa católica de larga data.

La disputa, que gira en torno al cierre del Instituto Normal Superior Católico Sedes Sapientiae (INSCSS), se centra en la Ley de Educación promulgada por la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia mediante la Ley N° 070, conocida coloquialmente como «Ley Avelino Siñani».

La legislación no sólo nacionalizó la formación docente sino que también ordenó el cese de instituciones privadas dedicadas a formar futuros educadores, cerrando efectivamente las puertas del INSCSS, una instalación con una historia de 54 años de servicio en el momento de su cierre.

El grupo de defensa legal ADF International representa a la Conferencia de Obispos Católicos de Bolivia en su desafío a la decisión del gobierno boliviano de 2010 de cerrar las escuelas privadas de formación docente como parte de una medida más amplia para monopolizar este sector.

«Tanto la Constitución boliviana como el derecho internacional protegen el derecho a la libertad educativa y religiosa, incluido el derecho a crear y operar instituciones educativas. Las autoridades bolivianas han violado flagrantemente ambos derechos al cerrar por la fuerza la escuela de profesores católicos», dijo Tomás Henríquez, director de incidencia para América Latina en ADF International y asesor legal principal de la Conferencia Episcopal.

Fundado en 1956 a petición del Arzobispo Abel Antezana de La Paz, el INSCSS fue diseñado para formar educadores en varios niveles educativos y certificar sus calificaciones de acuerdo con los estándares nacionales.

A lo largo de sus años de funcionamiento, la universidad ha contribuido significativamente al sistema educativo boliviano, formando a más de 12.750 profesores y produciendo 125 textos educativos, incluidos 14 en diferentes lenguas indígenas. Este aporte fue reconocido con varios premios prestigiosos, entre ellos la Condecoración Nacional de la Orden del Cóndor de los Andes y reconocimientos de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia.

El INSCSS fue el blanco de la reforma educativa de 2010, que despojó a las instituciones privadas de la capacidad de formar docentes. El cierre abrupto provocó una serie de impugnaciones legales por parte de la Conferencia Episcopal, incluida una petición al Ministerio de Educación de Bolivia y una impugnación constitucional, las cuales finalmente fueron desestimadas por las autoridades nacionales.

Luego de agotar las vías constitucionales, el caso ahora ha sido llevado ante la CIDH por el Centro de Estudios Jurídicos Tomás Moro, organización aliada de ADF Internacional. La Conferencia Episcopal considera que la legislación constituye una violación de las libertades religiosas y educativas.

«Tenemos la esperanza de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tome este caso y responsabilice al Estado boliviano por estas flagrantes violaciones de derechos humanos», dijo Henríquez. «No se puede permitir que se mantengan violaciones tan manifiestas de las libertades fundamentales».

La «Ley Avelino Siñani» también generó preocupaciones sobre la politización de la educación, ya que el plan de estudios puede usarse para promover ideologías políticas específicas, particularmente aquellas alineadas con el partido Movimiento al Socialismo del entonces presidente Evo Morales, que promueve políticas de izquierda. El actual presidente Luis Arce es del mismo partido.

ADF International señala que el artículo 13.4 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales garantiza la libertad de establecer y dirigir instituciones educativas, siempre que cumplan con los estándares mínimos definidos por el Estado.

Sin embargo, la ley boliviana contradice esto al prohibir ampliamente a las organizaciones e iglesias fundar y administrar escuelas de profesores sin establecer los estándares mínimos necesarios para su funcionamiento.

Se espera que la CIDH decida sobre la admisibilidad del caso en los próximos meses.